Las condiciones de marginalidad y pobreza, son una constante en la población de los recicladores en Colombia, situación que se profundiza no solo por las condiciones propias originadas por la pandemia del COVID-19, frente a las cuales las organizaciones de recicladores han dado una respuesta positiva de organización, para mantener la actividad de aprovechamiento como parte del servicio de aseo, han adoptado los protocolos de seguridad, implementado medidas de salubridad y entrega de implementos de protección, han adoptado medidas para garantizar la seguridad alimentaria de la población de recicladores adultos, en medio, en la mayoría de los casos, de la indiferencia social e institucional y el poco reconocimiento que se hace de su labor ambiental, económica y social.
A casi 10 años de los mandatos de la corte constitucional, a través del auto 275 de año 2011, para que se formalizara el sector, se implementara acciones afirmativas en favor de la población de recicladores, se reconociera desde el punto de vista tarifario su labor, y se implementaran procesos para hacer del reciclador verdaderos empresarios del reciclaje, las condiciones de marginalidad se mantienen y tienden a profundizar, pues si bien se adoptaron medidas como reglamentar la actividad, incluir el aprovechamiento como parte de la tarifa de aseo, entre otras; la realidad es otra, como casi siempre sucede en nuestro gran macondo, y en nuestra cultura santanderista de formular normas y ley desde el punto de vista formal, pero que materialmente no cumplen sus efectos , pues a veces impera más el principio imperativo de la corrupción, hecha la ley, hecha la trampa, que el favorecimiento a quienes realmente debe beneficiar, y es precisamente esta la situación que viven hoy los recicladores y muchas de sus organizaciones, con la aparición de empresas de aprovechamiento, y el montaje de rutas reciclaje por parte de las empresas de aseo, con el consecuente desplazamiento de las rutas tradicionales de los recicladores, que han mantenido históricamente; la aparición de aparentes empresas con el rotulo de recicladores, en beneficio de unos cuantos mercaderes de derechos, la aparición de plataformas virtuales, entrega inteligente de residuos, que en algunos de los casos se promocionan con el aparente beneficio de los recicladores pero que en el fondo los margina y limita el acceso cierto y seguro al material, la actitud mezquina, de algunas industrias, centros comerciales, urbanizaciones de entregar el material reciclable a cambio de una remuneración, cuando es estrictamente prohibido; aunado a ellos las condiciones del mercado y venta de los residuos aprovechables, con la imposición de precios, bajo el argumento pueril del mercado de materias a nivel internacional, lo que ha llevado por ejemplo a que el año inmediatamente anterior, los precios tuviesen una disminución del más del 50%, en detrimento de las condiciones del reciclador, para no hablar de la falta de cultura ciudadana en la separación de los residuos en la fuente, su presentación en horarios y frecuencias diferentes establecidas para su recolección.
Como sociedad estamos en mora de pagar el pasivo social y el reconocimiento ambiental y económico de la labor de los recicladores, como sociedad tenemos un imperativo ético hacia esta población, de implementar acciones que realmente superan las condiciones marginalidad y pobreza a los que de manera directa o indirecta los hemos sometido, se hace necesario desarrollar desde nuestra esferal individual y colectiva pequeñas acciones como separar los residuos, presentarlos en bolsas diferentes para su recolección, exigir al administrador de la copropiedad que se priorice para la recolección de los residuos a las organizaciones de recicladores formalizados, no exigir compensación por la entrega de los residuos, identifique al reciclador de su zona, ello seguramente redundara en la dignificación del trabajo del reciclador, del mejoramiento de sus condiciones de la garantía de acceso cierto y seguro al material aprovechable, recuerde reciclaje sin recicladores es basura.
Por Juan Guillermo Monroy Herrera. Abogado, Especialista en Servicios Públicos. Asesor de Alianza Separa. Espacio de opinión para el Noticiero La Devuelta
