La falta de oportunidades para un empleo estable con garantías en el pago de las prestaciones sociales laborales establecidas por la ley, le abre paso a la informalidad laboral, que de acuerdo con el más reciente informe de empleo y seguridad social del DANE, en el trimestre diciembre 2020 – febrero 2021, la proporción de trabajadores informales en el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, fue de 49,2%.

Y si revisamos las ocupaciones de las personas que hacen parte de esa informalidad, encontramos a vendedores, comerciantes independientes, a los microempresarios que no cuentan con los ingresos necesarios para formalizarse, a los y las trabajadoras sexuales, empleadas y empleados domésticos, entre otros. Gremios que viven del diario y que no cuentan con garantías laborales.

Ante este panorama, diferentes organizaciones sociales y sindicalistas se han preocupado por la defensa de sus derechos como trabajadores.

La Precarización, vulneración y negación de los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos, así como de las personas con discapacidad, a pesar de las normas y leyes que han surgido en los últimos años para valorar y reivindicar su rol en la sociedad,  son desconocidas y subvaloradas en la práctica; estigmatizando y precarizando su trabajo, trabajo que aporta enormemente a la construcción de país.

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