Según cifras oficiales, Medellín tiene registradas alrededor de setenta mil personas con discapacidad. Cifra que dista significativamente del estimativo de la ONU, que calcula que un quince por ciento de la población MUNDIAL vive con algún tipo de discapacidad, más cuando la ciudad se aproxima a dos millones quinientos mil habitantes.
Debido a sus condiciones, entre ellas las topográficas, disfrutar del derecho humano a la accesibilidad universal e integral, como eje potenciador de los demás derechos humanos, resulta un poco más complejo. Complejidad que se acentúa con la emergencia del COVID-19 y las medidas escasas y tímidas de la Administración Municipal, que responden como una reacción a la presión de la población con discapacidad, sus familias y su personal de apoyo y asistencia y no porque exista pleno conocimiento y concienciación de esta, con respecto a las demandas, derechos y libertades que deben promoverse, protegerse y asegurarse en condiciones de igualdad y con el respeto de su dignidad inherente, tal como lo establece el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada el 13 de diciembre de 2006 en Naciones Unidas y que Colombia adoptó y ratificó, asumiendo la calidad de Estado Parte y por ende obligado a cumplir todas sus disposiciones.
Afrontar una emergencia es tarea ardua. Pero se incrementa su dificultad cuando persiste la invisibilización de una comunidad históricamente marginada y con pocas oportunidades. Y ello ha ocurrido con el Gobierno municipal, que ha emprendido diversas acciones y medidas para garantizar la vida, la dignidad, la salud y el bienestar de todos sus habitantes. Sin embargo, ha dejado de implementar ajustes razonables, acciones afirmativas, uso de lenguaje sencillo y claro, comunicación aumentativa y alternativa, pictogramas, lengua de señas, audiodescripción o cualquier medida de equiparación de oportunidades, que garanticen y aseguren que todas las personas con discapacidad conozcan de ellas. No por un capricho del sector, no por un imperativo constitucional y legal, que la misma Convención citada enfatizó al señalar en su artículo 11: “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.”
Entonces podrá responder la Administración Municipal que, durante los meses de abril y mayo, desde el Equipo de Discapacidad se entregarán más de siete mil novecientos Apoyos económicos; que ayudas humanitarias, recursos de Colombia Mayor y de Familias en Acción, también llegan a la población con discapacidad, sus familias, personal de apoyo y asistencia. Y claro ¡qué tienen que llegar!, es un deber constitucional del Estado, garantizar su mínimo vital y sustento. Empero, hay que ir más allá de la mera asistencia, que hoy se requiere. La apuesta es más desafiante: deben implementarse estrategias que cumplan criterios de accesibilidad universal e integral, diseño universal y cuando la situación lo amerite, CREAR y aplicar Ajustes Razonables, en aras de promover, proteger y asegurar en igualdad de condiciones el disfrute de todos los derechos a la población con discapacidad, pero no solo para esta contingencia, sino que sea una política institucional y que haga parte de las buenas prácticas de la Administración Municipal en su cotidianidad.
Y es que Medellín, el 3 de diciembre de 2019, actualizó su política pública de discapacidad, mediante el Acuerdo 144 del mismo año. Se sabe que una política pública es un papel que puede ser útil para cumplir con indicadores institucionales. Pero también, puede constituirse en el instrumento de cambio y de transformación. Así que es deber de la población apropiarse y hacer real lo plasmado en dicha política pública. La emergencia humanitaria es una oportunidad de unificar esfuerzos sectoriales, para empezar a gestionar y manifestarse como una comunidad integrada por las personas con discapacidad física, talla baja, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, familiares, personal de apoyo y asistencia, que si bien tienen necesidades particulares, convergen en intereses comunes: el goce efectivo y en condiciones de igualdad material de todos sus derechos humanos. Que la crisis del COVID-19 sea una oportunidad de cohesión, no de unanimismo; de llegar a consensos, respetando el disenso; de fortalecer la unidad, sin ningunear la particularidad; de ser un actor que incide e influye en las decisiones de ciudad; y no simplemente un número más de las estadísticas. ¡De todos depende!
Por Yobani Vásquez Giraldo, persona con discapacidad visual. Abogado, docente universitario e interesado en temas de discapacidad. Espacio de opinión para el Noticiero La Devuelta
