En Colombia, la discusión sobre derechos trans ha dado un giro importante, actualmente el debate sobre la Ley Integral Trans, que seguirá su curso en la legislatura que inició el pasado 20 de julio de 2025, plantea una visión que supera la simple “inclusión”: ahora, la conversación central es la participación efectiva y el acceso a garantías reales para las personas trans en el país.
Este proyecto de ley es fruto de la persistente lucha de personas trans y activistas como María Victoria Palacios Romaña, mujer trans afrodescendiente y habitante del departamento del Chocó, quien señala la importancia de hablar, no solo de “la marica”, sino de “la marica negra del territorio”. Esta perspectiva enfatiza la necesidad de leer la realidad de las personas trans desde la interseccionalidad: raza, región, clase, discapacidad, pertenencia étnica y otras identidades confluyen para definir las vivencias, retos y violencias que enfrentan.
Reconocer la interseccionalidad es entender que discriminación y exclusión no se originan únicamente por la identidad de género, estas injusticias se agravan cuando actúan otros factores como el racismo o la xenofobia. Por ello, pensar una ley verdaderamente integral significa enfrentar todas las formas de discriminación simultáneamente y generar soluciones para cada realidad.
María Victoria lo expresa con contundencia: “No tengo por qué estar incluida en un país en el que ya nací y estoy incluida. ¿Por qué no hablamos mejor de participación y garantías?”. La demanda, entonces, deja de ser solo por ser reconocides en el discurso y pasa a exigir participación activa en la sociedad, con el respaldo de políticas y leyes que garanticen derechos tangibles.
El corazón de la Ley Integral Trans es asegurar garantías efectivas: reconocimiento legal de la identidad de género, acceso a la salud integral, protección laboral y educativa, y medidas contra las violencias. No se trata solo de “incluir” sino de crear mecanismos y políticas que permitan a las personas ejercer su ciudadanía plenamente.
Por eso hoy más que nunca, la discusión sobre la Ley Integral Trans en Colombia es crucial. Va más allá de la inclusión para exigir que la democracia colombiana garantice la participación y la protección de todas las personas, sumando voces y experiencias diversas que históricamente han sido silenciadas. Esta ley es esencial para lograr una sociedad realmente justa y democrática, donde la diferencia y la dignidad estén en el centro de la ley y el debate.
